The Guatemalan army and police, along with members of the US Drugs Enforcement Agency conducted a surprise anti-drugs operation in the Ixcan, El Quiche recently (21-08-2006). With the details emerging, local groups and human rights organisations have denounced the heavy handed nature of the operation given the history of the military's repressive record in the region in the recent past. Any inappropriate behaviour from the military has been denied by the Government, including President Oscar Berger.

Guatemalan newspaper El Periodico has been covering the story with an intial report about the DEA involvement and then another describing the local reaction to it. The role of the DEA has also been a point of controversy with the Carlos Vielman, Interior Minister, not specifying how many DEA agents there are in the country.

The following is a statement in Spanish released by local groups from Playa Grande, Ixcán, El Quiché (21-08-2006).

A la Procuraduría de los Derechos Humanos
A los organismos internacionales que velan por los Derechos Humanos
A la opinión pública

El Concejo Municipal, organizaciones sociales y la sociedad civil en general del Municipio de Playa Grande, Ixcán, El Quiché, denunciamos la ocupación militar de la comunidad de retornados Ixtahuacán Chiquito, de este municipio, de las 11:00 de la mañana hasta las 15:00 horas, y expresamos nuestro rechazo a la manera sorpresiva y prepotente como se realizó este operativo militar, en el que participaron 7 helicópteros y tres aviones del ejército.

El día de hoy aproximadamente a las 11:00 de la mañana siete helicópteros militares aterrizaron en el centro de Ixtahuacán Chiquito y desembarcaron miembros del ejército fuertemente armados y con la cara pintada de negro.

Seguidamente ocuparon el campo de fútbol y rodearon la escuela, impidiendo la salida de los niños y niñas que se encontraban en clases. Miembros del ejército de manera violenta ingresaron a humildes viviendas, encañonando a las mujeres y se apoderaron de herramientas de trabajo. Acto seguido iniciaron con estas herramientas excavaciones en un centro arqueológico ubicado cerca del área de esta comunidad, supuestamente en busca de armas. Hasta las tres de la tarde aviones y helicópteros del ejército sobrevolaron las comunidades de Fronterizo 10 de Mayo, Los Ángeles y Cuarto Pueblo, colindantes con el estado de Chiapas, México.

Estos hechos provocaron gran alarma en las familias, quienes durante el conflicto armado interno fueron víctimas de la política de tierra arrasada. Mujeres y niños huyeron despavoridos de sus casas buscando refugio en las montañas, al recordar lo que habían vivido durante el conflicto armado interno. Hasta el momento se reportan tres jóvenes
desaparecidos. De la misma manera pobladores de la aldea Fronterizo 10 de Mayo huyeron a las montañas, y algunos cruzaron la frontera mexicana, abandonando sus pertenencias y animales.

Este operativo fue  similar al realizado el día 10 de agosto en la Finca Chailá, de este mismo municipio, donde, de acuerdo al informe que vecinos del lugar dieron a la autoridad municipal, helicópteros del ejército aterrizaron en el lugar, acto seguido soldados y personas  encapuchadas irrumpieron en las viviendas de los trabajadores de la finca.

Señalaron los afectados que sus casas fueron allanadas y saqueadas por miembros del ejército. Ante estos hechos los abajo firmantes expresamos nuestro rechazo a estos hechos violentos que atentan contra la tranquilidad de las familias y sus derechos civiles, poniendo en peligro la vida e integridad física de los habitantes de la comunidad especialmente de mujeres, ancianos, niños y niñas. No estamos en contra de la lucha contra el crimen organizado, pero sí rechazamos las acciones intimidatorios y violentas contra la población más vulnerable.

Hacemos un llamado a la Procuraduría de Derechos Humanos a que realice una investigación sobre estos hechos, y que mantenga la vigilancia sobre el respeto a los derechos humanos, velando porque el ejército no ejerza funciones que le corresponden al poder judicial y la policía nacional civil, tal como lo establece el Acuerdo sobre el Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática.

Marcos Ramírez, Alcalde Municipal
Pastoral Social del Ixcán
Asociación Centro de Apoyo en Justicia Penal y Resolución de Conflictos
Proyecto de Salud Mental Puente de Paz
Asociación de Mujeres Mamá Maquín
Servicios Jurídicos y Sociales (SERJUS)
Fundación Guillermo Toriello
Comité Europeo Formación y Agricultura (CEFA)
Asociación Integral de Productores Orgánicos de Ixcán (ASIPOI)
(Aderenco)

The following is a statement released by CALDH denoucing the military operation:

DESPLIEGUE MILITAR PROVOCA TERROR EN COMUNIDADES
 
Para CALDH, los operativos militares realizados en forma ilegal, con prepotencia y abuso de poder en las comunidades del Quiché, recuerdan los efectuados en esa región en los ochenta y que dejaron un saldo de 344 masacres comprobadas y denunciadas por la Comisión del Esclarecimiento Histórico. Nuevamente el terror y la incertidumbre se adueñaron de las comunidades, interrumpiendo la vida cotidiana de hombres y mujeres.
        
CALDH se solidariza con las comunidades de retornados de Ixtahuacán Chiquito y Fronterizo 10 de Mayo, Los Ángeles y Cuarto Pueblo y expresa su rechazo a la manera sorpresiva y prepotente como se realizó este operativo militar, en el que participaron 7 helicópteros, 3 aviones del ejército y cientos de efectivos que provocaron pánico y zozobra en niños, niñas, mujeres, hombres y ancianos. Los mismos hechos han acontecido en la finca Chailá, donde de acuerdo al testimonio que vecinos dieron a la autoridad municipal, helicópteros del ejército aterrizaron en el lugar seguido por el actuar de soldados y personas encapuchadas que irrumpieron y saquearon las viviendas.

Es sintomático que este tipo de operativos se realicen en la región de Ixcán, que fue una de las más golpeadas durante la guerra y donde millares de personas están pendientes de que se haga justicia por el Genocidio ocurrido en el país.

Las comunidades no tienen por qué sufrir las consecuencias de operativos militares que responden a la necesidad de este gobierno de presentar resultados positivos ante el gobierno de Estados Unidos en su supuesta lucha contra el crimen organizado y narcotráfico y que sólo consiguen intimidar y generar terror en una población que intenta sobrevivir diariamente a los altos índices de pobreza, desigualdad y exclusión.   
 
Ante estos hechos, CALDH EXIGE:
 
¢ Que el gobierno cese inmediatamente este tipo de operativos militares y que realice una investigación seria sobre las violaciones a los derechos humanos que se han cometido en los últimos días en contra de las comunidades.
¢ La depuración de las fuerzas de seguridad que siguen actuando al margen de la legalidad que dicta el Estado de Derecho en una sociedad democrática.
¢ Que no se siga poniendo de pretexto el combate al crimen organizado y al narcotráfico para pasar por sobre la dignidad de las personas que habitan las comunidades, que siguen sufriendo el abandono de las supuestas políticas sociales de los gobiernos y que sólo tienen de tiempo en tiempo la presencia de un Estado militarizado.

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