Arrest Warrant Against Rios Montt
| January 2nd, 2006A U T O
En la ciudad de Madrid a 14 de julio de 2006.
ANTECEDENTES DE HECHO
PRIMERO.- La presente causa, Diligencias Previas nº 331/99, se sigue en virtud de denuncia y querellas contra el General EfraÃn RÃos Montt, Jefe de Gobierno por golpe de Estado del 23 de marzo de 1.982 al 8 de agosto de 1.983; General Oscar Humberto MejÃa VÃctores, Jefe de Gobierno por golpe de Estado del 8 de agosto de 1.983 al 14 de enero de 1.986; General Fernando Romeo Lucas GarcÃa, Presidente de la República de Guatemala de 1.978 a marzo de 1.982 (al parecer fallecido); General Angel AnÃbal Guevara RodrÃguez, Ministro de Defensa de Guatemala durante el Gobierno de Lucas GarcÃa; Donaldo Alvarez Ruiz, Ministro de Gobernación de Guatemala durante el Gobierno de Lucas GarcÃa; Coronel Germán Chupina Barahona, Director de la PolicÃa Nacional durante el Gobierno de Lucas GarcÃa; Pedro GarcÃa Arredondo, Jefe del Comando Seis de la PolicÃa Nacional durante el Gobierno del General Lucas GarcÃa; y General Benedicto Lucas GarcÃa, Jefe del Estado Mayor del Ejército durante el Gobierno de su hermano Lucas GarcÃa. A todos ellos se les imputa la comisión de diversos delitos de genocidio, terrorismo, torturas, asesinato y detenciones ilegales (calculándose en unos 250.000 muertos de la etnia maya asesinados, 35 muertos más en el caso de la Embajada de España, más 5 sacerdotes españoles asesinados en diversos puntos del paÃs) llevados a cabo en los periodos en los que ejercieron su mandato los mencionados.
SEGUNDO.- Mediante auto de fecha 27 de marzo de 2.000 se admitieron a trámite las distintas querellas sustentadas en la imputación relatada. Recurrida la mencionada resolución por el Ministerio Fiscal, el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dictó Auto de fecha 13 de diciembre de 2.000, estimando el mismo, declarando que no procedÃa en ese momento la actuación de la jurisdicción penal española.
La citada resolución fue recurrida en casación por las acusaciones, dictándose por el Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo sentencia de fecha 25 de febrero de 2.003 por la que se estimaba parcialmente el mismo en los siguientes términos literales: 1º. Revocar parcialmente el Auto de la Audiencia Nacional de fecha 13 de diciembre de 2.000. 2º. Declarar, con base en el art. 23.4 g) de la Ley Orgánica del Poder Judicial y en las disposiciones de la Convención Contra la Tortura, la jurisdicción de los Tribunales españoles para la investigación y enjuiciamiento de los hechos cometidos contra ciudadanos españoles en la Embajada Española en Guatemala el 30 de enero de 1.980, y de los hechos cometidos en perjuicio de los ciudadanos españoles Faustino Villanueva, José MarÃa Gran Cirera, Juan Alonso Fernández y Carlos Pérez Alonso.
El 26 de septiembre del 2005, el Tribunal Constitucional dictó sentencia otorgando el amparo a los perjudicados, extendiendo la jurisdicción española, en aplicación del principio de persecución universal, a los delitos de genocidio y terrorismo.
TERCERO.- En el transcurso de la instrucción se libró Comisión Rogatoria a las Autoridades Guatemaltecas para oÃr en declaración a los testigos e imputados de este procedimiento. Autorizado el desplazamiento de la comisión judicial a Guatemala a fin de recibir declaración a los imputados y determinados testigos desde el dÃa 26 de junio al 4 de julio de 2006 según calendario fijado por D. Saul Orlando Alvarez Ruiz, Juez Undécimo de Primera Instancia Penal Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Guatemala., el dÃa 26 de junio se comunicó a la comisión judicial, en la sede de dicho Juzgado, la suspensión de las declaraciones en tanto estaban pendiente de resolver un recurso interpuesto por imputados ante el Tribunal de Conflictos de Jurisdicción asà como la existencia de otros recursos. Ante ello se acordó estar a la espera de un perÃodo prudencial de tiempo. El dÃa 29 de junio se acordó, ante la falta de comunicación oficial alguna, el regreso de la comisión judicial a España.
CUARTO.- El Ministerio Fiscal en escrito presentado en el dÃa de hoy, con la fundamentación oportuna, ha solicitado se acuerde la prisión provisional comunicada y sin fianza de los arriba mencionados a los efectos de su detención y extradición a nuestro paÃs, librándose la oportuna orden europea de detención y entrega, con efectos de orden internacional de detención, a través de INTERPOL-ESPAÑA; se decrete el embargo de todos los bienes de los que los mismos sean titulares, bien total como parcialmente, bien directamente como a través de testaferros o terceras personas, a los efectos de garantizar las responsabilidades pecuniarias y civiles correspondientes; y que a través de los organismos pertinentes se proceda a dictar las oportunas ordenes nacionales e internacionales de bloqueo de las cuentas bancarias de las que los encausados sean titulares, bien total como parcialmente.
HECHOS
PRIMERO.- Partiendo de la competencia jurisdiccional actualmente declarada por la Sala 2ª del Tribunal Supremo en sentencia de fecha 25 de febrero de 2.003, y de la instrucción concluida al dÃa de hoy, se infiere cómo entre enero de 1980 y septiembre de 1.981 Fernando Romeo Lucas GarcÃa era Presidente de la República de Guatemala, Angel AnÃbal Guevara RodrÃguez, ministro de Defensa, Benedicto Lucas GarcÃa, Jefe del Estado Mayor, Germán Chupina Barahona, Director General de la PolicÃa y Donaldo Alvarez Ruiz, Ministro de la Gobernación. Consta asimismo, y en grado de seria probabilidad, cómo en el citado perÃodo y en otro más amplio, desde la citada estructura gubernamental se entretejió un plan tendente a minimizar la etnia maya, provocando desplazamientos forzados, haciendo de la violencia generada en la propia organización estatal instrumento apto a tales fines. Esa violencia se materializó en plurales asesinatos, torturas, violaciones de mujeres, etc., haciendo del terror un modus vivendi. No sólo se atacaba fÃsicamente a la etnia maya, sino asimismo al conjunto de personas, principalmente sacerdotes misioneros, que denunciaban dichos hechos y prestaban su auxilio a los campesinos, tratando de preservar su dignidad, y el que las atrocidades no cayeran en el olvido. Dichas actuaciones criminales iban dirigidas a amedrentar no sólo a la población maya, sino a las personas que les prestaban su ayuda, como forma de castigo y como anuncio o aviso de lo que podÃa ocurrir a quienes preservaran en su comportamiento humanitario y digno del mayor reconocimiento. Al restablecerse una mÃnima normalidad en la República de Guatemala se realizó una revisión tanto a nivel nacional como internacional de lo sucedido en esos años negros (Comisión para el Esclarecimiento Histórico, Informe sobre Recuperación de la Memoria Histórica, etc.). En el desarrollo de dicha actuación criminal orquestada desde instancias gubernamentales cabe imputar a las personas anteriormente citadas la instigación o comisión intelectual de los siguientes hechos:
En la mañana del dÃa 31 de enero de 1.980 un grupo de campesinos del departamento guatemalteco de Quiché se introdujo en la Embajada de España en Guatemala con el fin de que dicha representación diplomática sirviera de interlocutora válida ante sus pretensiones consecuencia del acoso gubernamental a que estaban siendo sometidos. No consta que la mencionada ocupación no fuera pacÃfica. No obstante esas circunstancias, los imputados ya filiados, acordaron que la PolicÃa y otras Fuerzas de Seguridad entraran en la delegación diplomática sin consentimiento, y que abatieran mortalmente al conjunto de sus ocupantes. En las escasas horas que duró el incidente no se atendió ninguna de las llamadas efectuadas por el Excmo. Sr. Embajador del Reino de España, entre ellas al Ministro de la Gobernación (Donaldo Alvarez Ruiz); consecuencia del acuerdo inicial de abatir a los campesinos, asumiendo el asesinato de cualesquiera terceros, entiéndase funcionarios españoles destacados en la Embajada y visitantes. Como consecuencia de lo anterior murieron 36 personas. Entre ellas los ciudadanos españoles D. Jaime Ruiz del Arbol (Secretario de la Embajada), D. Luis Felipe Sanz MartÃnez y Doña MarÃa Teresa Vázquez de Villa. Igualmente el Excmo. Sr. Embajador, D. Máximo Cajal sufrió lesiones de consideración. Con fecha 22 de septiembre de 1.984 los gobiernos guatemalteco y español emitieron un comunicado conjunto en el que acordaron restablecer sus relaciones diplomáticas, reconociendo expresamente el Gobierno de Guatemala que lo sucedido constituyó una violación de los arts. 22 y 29 de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y por tanto aceptando, en relación con España, los efectos y consecuencias jurÃdicas que de ello pudiera derivarse. El hecho de no filiarse a las personas de nacionalidad de Guatemala obedece exclusivamente a cómo nuestro Tribunal Supremo, sin perjuicio de lo que resuelva el Tribunal Constitucional, ha limitado la jurisdicción española a los asesinatos de los nacionales españoles.
Asimismo, y con una finalidad de castigo por su colaboración con el conjunto de campesinos y el pueblo maya, tratando de generar miedo en terceros que pretendieran lo mismo, los imputados ya filiados, instigaron intelectualmente y ordenaron el asesinato de los siguientes sacerdotes españoles:
a) D. Faustino Villanueva Villanueva, asesinado por miembros del ejército guatemalteco en su despacho parroquial de Joyaboj (Quiché) el 10 de julio de 1.980.
b) D. José MarÃa Gran Cirera, asesinado por miembros del ejército guatemalteco en Chapul (Quiché) el 4 de junio de 1.980.
c) D. Juan Alonzo Fernández, asesinado por miembros del ejército guatemalteco en La Barranca (Quiché) el 13 de febrero de 1.981.
d) D. Carlos Pérez Alonzo, con fecha de 2 de agosto de 1.981 es secuestrado por miembros del ejército guatemalteco, sin que al dÃa de la fecha se tenga conocimiento sobre su estado; debiéndose inferir razonablemente cómo hubo de ser asesinado bajo la orquestación gubernamental ya aludida.
SEGUNDO.- Como se aprecia en la denuncia inicial presentada y demás adhesiones, junto con la documentación aportada a este juzgado en los informes de la Comisión de Esclarecimiento Histórico -CEH-, del Informe Ãnter diocesano de recuperación de la Memoria Histórica -. REMHI.-, Se sigue que:
Fernando Romeo Lucas GarcÃa quien asumió la Presidencia de la República de Guatemala el 7 de julio de 1978. Sirvió como Presidente de la República hasta el golpe de Estado de 23 de marzo de 1982 cuando fue destituido. Hoy al parecer fallecido. De conformidad con la Ley Constitutiva del Ejército de 1968, el comandante general tenia mando y control efectivo sobre todos los órganos del ejercito. El comandante general ejercÃa mando y control sobre el Ministro de la Defensa Nacional. Igualmente ejercÃa mando y control sobre los comandos militares y los comandos militares especiales. A su vez y a través del Ministro del Interior, el comandante general ejercÃa mando y control efectivo sobre las fuerzas de seguridad, entre ellas la PolicÃa Nacional.
El General Ãngel AnÃbal Guevara RodrÃguez fue Ministro de la Defensa Nacional a las ordenes del comándate general del ejercito y presidente de la republica, Lucas Garcia hasta Marzo de 1982. De conformidad con lo establecido en la Ley Constitutiva del Ejército de 1968, el Ministro de Defensa junto al Comandante General del ejército y al jefe del Estado Mayor General constituÃan el alto mando militar. Por consiguiente, el Ministro de la Defensa Nacional ostentaba mando y control efectivo sobre todos los órganos del ejército.
El General Manuel Benedicto Lucas GarcÃa quien fue Jefe del Estado Mayor General del Ejército en el gobierno de Fernando Romeo Lucas GarcÃa desde, aproximadamente, el 15 de agosto de 1981 hasta el 24 de marzo de 1982. Reside en la República de Guatemala. De conformidad con lo establecido en la Ley constitutiva del ejercito de 1965, como Jefe del Estado Mayor General, Benedicto Lucas Garcia ejercÃa su mando y control efectivo sobre los miembros del ejercito de Guatemala.
El Alto Mando está definido por el artÃculo 12 de la Ley Constitutiva del Ejército aprobada por Decreto 1782, entró en vigencia el 16 de septiembre de 1968 y permaneció en vigencia durante toda la Presidencia de Fernando Romeo Lucas GarcÃa. Tal artÃculo establece que el Presidente de la República como Comandante General del Ejército, junto con el Ministro de la Defensa y el Jefe del Estado Mayor General del Ejército formaban el Alto Mando. El Comandante General tiene entre otras responsabilidades la aprobación de la estrategia de las fuerzas armadas dirigida hacia la defensa y seguridad de la patria y del mantenimiento de la independencia y soberanÃa y honor de Guatemala. El Ministerio de la Defensa se define como el órgano de comunicación entre el Ejército de Guatemala y los órganos del Estado. El artÃculo 16 de la misma Ley estableció que el Ministro de la Defensa, bajo las órdenes del Comandante General, ejerciera el mando y la administración del Ejército. Tal mando incluyó las funciones siguientes:
a. Cumplir y hacer que se cumplan las leyes y reglamentos militares.
b. La inspección y control de las entidades de las instituciones, públicas o privadas, que estén autorizados a usar armas, equipos o pertrechos de guerra.
c. Disponer la adquisición, producción, conservación y mejoramiento del armamento, equipo, municiones, semovientes, vestuario y otros implementos de guerra.
d. Disponer la adquisición, construcción mantenimiento y acondicionamiento de edificios, fortificaciones aeródromos y demás instalaciones militares.
e. Reglamentar y supervisar la producción, importación, exportación, almacenamiento,
traslado, préstamo, transformación, transporte, uso, enajenación, adquisición, tenencia,
conversión o portación de toda clase de armas de fuego, municiones, explosivos, materiales flamables y similares.
f. Aprobar el plan general de instrucción y los planes de estudios de los establecimientos de educación militar
El Jefe del Estado Mayor General del Ejército, era el tercero en el Alto Mando. Fue responsable ante el Ministro de la Defensa Nacional y en última instancia ante el comandante general del ejército, del mando, organización, instrucción, educación, disciplina y conducta del Ejército de Guatemala. Además, debÃa determinar y someter al Ministro de la Defensa nacional la organización y dotación del Estado Mayor General y de los Comandos.
La CEH caracteriza a los Comisionados Militares de la siguiente manera: El 9 de julio de 1938, por Acuerdo Gubernativo, fueron creados
los comisionados militares, investidos con el carácter de agentes de la autoridad militar; empleados estos que desarrollarán su cometido dentro de la demarcación territorial de las aldeas, caserÃos y poblados cuya importancia lo requiera en vista de la organización de las milicias… En el ArtÃculo 1 de dicho Acuerdo se establecÃa que los comisionados cumplirán órdenes que reciban de sus inmediatos superiores en todo lo que corresponda a llamamientos, citaciones, reclutamientos, capturas de delincuentes, remisos, faltistas, y en general a comisiones del ramo de guerra únicamente. Cuando el enfrentamiento armado interno alcanzó mayor intensidad, a principios de la década de los ochenta, los comisionados fueron obligados por el Ejército a tener una participación activa en las operaciones militares contrainsurgentes. Como agentes de la autoridad militar local, los comisionados gozaban de impunidad total frente a la población. Tal potestad también fue utilizada por los comisionados en función de sus propios intereses individuales, ya sea económicos o de otra Ãndole. En el año 1981 la designación de comisionados militares alcanzó
niveles masivos. El jefe del Estado Mayor del Ejército, general Benedicto
Lucas, en un discurso en Joyabaj, Quiché, dijo: Esta fuerza es voluntaria,
en Rabinal ya hay 1,000 hombres y en Joyabaj 800. Los auxiliares son los ayudantes de comisionados que ya aparecen mencionados en el Decreto 79 de 1954, que en el ArtÃculo 1, numeral 1 del capÃtulo I dice: Los comisionados militares y ayudantes de toda la República, tendrán la misión de: actuar como agentes de la autoridad militar, y en el ArtÃculo 2 dice: Los comisionados y ayudantes son miembros del Ejército cuando se encuentren en cumplimiento de la misión ordenada por autoridad militar. Al implementarse en 1981 las PAC, los nuevos jefes de patrullas tuvieron un doble papel, porque en la mayorÃa de los casos lo fueron quienes eran también comisionados militares, situación que se presentó principalmente en las cabeceras municipales y cabeceras departamentales. La confianza de los miembros de la Institución Armada hacia ellos se dio precisamente en el inicio de la nueva estrategia contrainsurgente del Ejército, que dotarÃa de armas a los pobladores del área rural y en donde los jefes de PAC jugarÃan un papel determinante, con el propósito de garantizar que la población no apoyara a la insurgencia.
Las patrullas de defensa civil. Desde aproximadamente el mes de septiembre de 1981, el Ejército de Guatemala, bajo orden del Alto Mando del Ejército comenzó a organizar patrullas formadas por miembros de la población civil. La participación de estos miembros de la población civil, en muchas ocasiones, fue forzada, bajo amenaza de tratamiento cruel, tortura o muerte. Desde octubre de 1981 hasta el 23 de marzo de 1982, el Ejército de Guatemala entrenó a dichas patrullas bajo el control del Ejército. Algunas de las patrullas fueron armadas por el Ejército de Guatemala. Estas patrullas armadas llevaron a cabo junto a miembros del ejército y bajo sus órdenes matanzas masivas. Todas estas matanzas tuvieron lugar entre el uno de octubre de 1981 y el 23 de marzo de 1982, periodo en el Fernando Romeo Lucas GarcÃa fue presidente de la república y comandante general del ejército. Estas acciones criminales fueron ordenadas y llevadas a cabo por miembros del ejército bajo su mando y control.
De conformidad con lo establecido en la denuncia se incluyen los casos ilustrativos todos ellos llevados a cabo por miembros del ejercito y fuerzas de seguridad el estado bajo la presidencia y la comandancia general de Lucas Garcia y su Alto mando militar.
Desaparición forzada de Patrocinio Menchú Tum de nacionalidad guatemalteca, ocurrida en Chimel, Uspantán el 9 de septiembre de 1979.
Desaparición forzada de Juana Tum Cotoja, guatemalteca, realizada el 19 de abril de 1980 en San Miguel Uspantán.
Asesinato del sacerdote español Faustino Villanueva el 10 de junio de 1980 en el municipio de Joyabaj del departamento de El Quiché.
Asesinato del sacerdote español José MarÃa Gran Cirera el 4 de junio de 1980 cercano a la aldea Xeixojbitz del municipio de Chajul de El Quiché.
Asesinato del sacerdote español Juan Alonzo Fernández el 15 de febrero de 1981 entre los municipios de Cunén y Uspantan del departamento de El Quiché.
Desaparición forzada del sacerdote Carlos Pérez Alonzo el 2 de agosto de 1981 en la ciudad capital de Guatemala.
Hermógenes López Coarchita, sacerdote guatemalteco asesinato el 30 de junio de 1978 en San José Pinula del Departamento de Guatemala.
Conrado de la Cruz, sacerdote filipino de la congregación inmaculado corazón de marÃa, desaparecido el uno de mayo de 1980 junto a su acompañante Herlindo Cifuentes.
Walter Voordeckers, sacerdote belga, asesinado el 12 de mayo de 1980.
El Pastor evangélico de la Esperanza, Santos Jiménez MartÃnez, asesinado el 19 de noviembre de 1980.
Carlos Gálvez Galindo, sacerdote guatemalteco, asesinado el 14 de mayo de 1981.
Tulio Marcelo Maruzzo, sacerdote italiano, asesinado el uno de julio de 1981 junto con el cursillista Luis Abdulio Navarro.
Ãngel MartÃnez Rodrigo, misionero seglar y su colaborador laico el canadiense Raúl Legar, asesinado el 25 de julio de 1981.
Francis Stanley Rothers, misionero norteamericano, asesinado el 4 de agosto de 1981.
John David Troyer, misionero norteamericano, asesinado el 17 de septiembre de 1981.
Carlos Morales, sacerdote guatemalteco, asesinato el 20 de enero de 1982.
Sergio Berten, de nacionalidad Belga de la congregación del inmaculado corazón de marÃa, desaparecido el 29 de enero de 1982.
James Arnold Miller, religioso norteamericano, asesinado el 13 de febrero de 1982.
Asesinato de D. PEDRO PU CASTRO, D. PEDRO PU GÓMEZ y Dª. ROSARIO PÉREZ CAC, producida el 02.01.82 en el cantón Pamaceba, segundo, en el departamento del Quiché.
En el periodo en el que los aquà imputados componÃan el Alto Mando Militar, y de acuerdo con el informe de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, se produjeron a su vez las siguientes masacres y como producto de la ejecución de los planes y operativos desarrollados, agentes del Ejército de Guatemala y de cuerpos paramilitares bajo control del Estado, dispararon y atacaron con machetes a miembros de los pueblos mayas, además, bombardearon comunidades mayas, persiguieron a sus miembros, agredieron sexualmente a las mujeres y provocaron abortos. Los actos ejecutados por las fuerzas del Estado y bajo control del mismo produjeron:
Muerte de niños, niñas, adolescentes, hombres, mujeres, y ancianos de origen maya, incluidos lÃderes religiosos y espirituales;
Heridas en la integridad fÃsica y mental de los niños, niñas, adolescentes, hombres, mujeres y ancianos de origen maya sobrevivientes;
Destrucción de la infraestructura de sobrevivencia de las poblaciones agredidas: iglesias, escuelas, centros de salud, viviendas, cosechas y animales;
Destrucción de sÃmbolos culturales y religiosos propios de los mayas;
Desplazamiento de niños, niñas, adolescentes, hombres, mujeres y ancianos a lugares en los que tuvieron que sobrevivir en condiciones infrahumanas que pudieron provocar su muerte.
El 4 de diciembre de 1981 llegó a Panacal una comunidad maya-achÃ, municipio de Rabinal, en el Departamento de Baja Verapaz, un grupo de patrulleros y comisionados militares que estaban bajo el control del Ejército de Guatemala, procedieron a sacar de sus casas aproximadamente cincuenta y ocho hombres, diciendo que los nombres de algunos de ellos aparecieron en un listado. El grupo de patrulleros les llevó caminando hacÃa la aldea Vegas de Santo Domingo, municipio de Rabinal, donde habÃa un grupo de elementos del Ejército de Guatemala que rodeaban la aldea de Vegas Santo Domingo, donde les dieron muerte.
A principios de enero de 1982, en la aldea de Pichec una comunidad maya-achÃ, municipio de Rabinal, Departamento de Baja Verapaz, elementos del Ejército de Guatemala acompañados por comisionados militares y patrulleros bajo el control del Ejército, convocaron a una reunión de los miembros de la aldea en la escuela, separaron del grupo aproximadamente a treinta y dos personas cuyos nombres supuestamente aparecÃan en un listado y les dieron muerte.
En los primeros dÃas de enero de 1982 en la aldea de Chichupac una comunidad maya-achÃ, municipio de Rabinal, en el Departamento de Baja Verapaz los miembros de la aldea fueron convocados para una reunión al centro de la aldea por comisionados militares y elementos del Ejército de Guatemala. Dichos elementos seleccionaron con base a un listado aproximadamente treinta y un hombres y luego les dieron muerte.
El 12 de febrero de 1982, elementos del Ejército de Guatemala llegaron a la aldea Pacoj una comunidad maya-kakchiquel, en el municipio de San MartÃn Jilotepeque, Departamento de Chimaltenango. Los soldados llegaron a tres puntos distintos de la aldea y la rodearon, mataron a cuarenta y ocho personas.
A mediados de febrero de 1982 en la aldea de Xococ, municipio de Rabinal, en el Departamento de Baja Verapaz, elementos del Ejército y patrulleros llevaron a cabo en dicha aldea, la matanza de setenta y tres miembros de la aldea RÃo Negro una comunidad maya-achà de dicho municipio que en ese momento se encontraban en Xococ.
En febrero de 1982 elementos del Ejército de Guatemala llegaron a la aldea Santa MarÃa Tzeja, municipio de Ixcán, departamento de El Quiché. Los miembros de dicha aldea habÃan huido a sus parcelas después de recibir información sobre la destrucción por el Ejército de una aldea cercana. Dichos elementos empezaron a patrullar y encontraron unos grupos que en total contenÃan aproximadamente diecisiete personas maya-quiché. Los mataron usando armas de fuego.
También en febrero de 1982 elementos del Ejército de Guatemala llegaron a la aldea Xix una comunidad maya-quiché y maya-ixil, municipio de Chajul, Departamento de Nebaj, mataron aproximadamente veinte personas.
A mediados de marzo de 1982, elementos del Ejército llevaron a cabo la matanza masiva de vecinos de la aldea de RÃo Negro una comunidad maya-achÃ, municipio de Rabinal en el departamento de Baja Verapaz. Ese dÃa, patrulleros de la aldea de Xococ llegaron a la aldea de RÃo Negro, acompañados por elementos del Ejército de Guatemala. En la aldea se encontraban mujeres e hijos de los hombres muertos en febrero 1982. Los patrulleros, juntos con elementos del Ejército pasaron por las casas de las aldeas, convocando los miembros a una reunión. En la reunión, los soldados del Ejército, juntos con los patrulleros de la aldea de Xococ, rodearon el grupo de vecinos forzándolos a marchar a otro lugar. Cuando llegaron, los patrulleros violaron mujeres y finalmente les mataron a ciento y siete niños y setenta mujeres.
El 13 de marzo de 1982, elementos del Ejército de Guatemala entraron a Nueva Concepción, aldea de Cuarto Pueblo una comunidad de varios grupos mayas, municipio del Ixcán, Departamento de El Quiché. Entre el 13 y el 17 de marzo de 1982, elementos del Ejército de Guatemala mataron entre trescientos sesenta y dos y trescientos ochenta y ocho personas en Cuarto Pueblo. Las matanzas fueron llevadas a cabo usando armas de fuego, machetes y fuego.
A finales de marzo de 1982, cerca de las 5 de la mañana, un grupo de elementos del Ejército de Guatemala junto con patrulleros de la Finca la Perla llegó a la aldea de Ilom una comunidad maya-ixil, municipio de Chajul, departamento de El Quiché, pasaron por las casas de la aldea convocando una reunión, separaron los hombres de las mujeres, seleccionaron aproximadamente a cincuenta y cinco hombres donde un grupo de elementos del Ejército de Guatemala les mató con armas de fuego.
Matanza continuada ocurrida en el municipio de San Andrés Sajcabaja, en el departamento del Quiché entre 1981 y 1984, en la iglesia y convento ocupado como destacamento militar
Según la Comisión de Esclarecimiento Histórico, las acciones militares afectaron en el área ixil al 97.80% al pueblo maya, en el Norte de Huehuetenango al 99.3%, en Rabinal a un 98.8% y en Zacualpa al 98.4%.
En el periodo durante el cual ejerció el cargo, se cometieron, al menos las masacres siguientes:
1. AREA IXIL contra la población maya Ixil.
NEBAJ
LUGAR FECHA VICTIMAS
Parramos 81 40
Secas 2-81 18
Santa MarÃa 4-81 11-26
Cobob 4-81 70-90
Tuchabuc 5-81 31
Xeucabitz 9-81 35
CHAJUL
LUGAR FECHA VICTIMAS
Chulutzé 1-81 25
Covadonga 3-81 16
COTZAL
LUGAR FECHA VICTIMAS
Asich 5-81 12
San Francisco 5-81 35
NORTE DE NEBAJ Y CHAJUL
LUGAR FECHA VICTIMAS
Sacsihuan 2-82 Indeterminado
Estrella Polar Chajul 3-82 96
Ilom, Chapul 3-82 85
Covadonga 3-82 20-39
Chelchajul 3-82 35
Amachel, Chajul 3-82 9
VERTICE DE LOS 3 MUNICIPIOS
LUGAR FECHA VICTIMAS
Pulay, Nebaj 2-82 75-125
Pexla, Nebaj 2-82 75-125
Xix, Chapul 2-82 8-11
Xolcuay, Chajul 2-82 89
2. RABINAL contra la población maya achi.
LUGAR FECHA VICTIMAS
Chuategua 01/08/81 25
Rabinal 15/09/81 205
Panacal 20/09/81 21
Nimacabaj 22/09/81 24
Chipuerta 01/12/81 10
Panacal 04/12/81 58
Rabinal 02/01/82 18
Pichec 02/01/82 32 a 100
Chichupac 15/01/82 32
Xococ 13/02/82 77
RÃo Negro 13/03/82 177
3. ZACUALPA contra la población maya Kiche
LUGAR FECHA VICTIMAS
Potrero Viejo 03/81 8
Tzimatzatz 29/07/81 26
Zacualpa 08/81 6
Chichá 01/08/81 5
Chuchucá 05/08/81 7
Tunajá 07/10/81 6
Zacualpa 1982 200
Chuchucá 15/01/82 7
4. NORTE DE HUEHUETENANGO contra la población maya chuj y Q´anjobal.
LUGAR FECHA VICTIMAS
San Mateo Ixtatan 31/05/81 35
Yoltán 31/05/81 31
San Carlos las Brisas 19/07&81 10
Coya 28/09/81 19
El desplazamiento forzoso. Además de las acciones descritas, realizadas por el Ejército de Guatemala junto a las patrullas de autodefensa civil y comisionados militares, el Alto Mando militar también generó el desplazamiento masivo de la población civil. Tal desplazamiento fue resultado de las acciones y amenazas descritas anteriormente. Las personas desplazadas, incluyendo niños, ancianos, mujeres embarazadas y personas heridas, tuvieron que vivir en condiciones de hambre, sin abrigo, expuestos al clima, sin medicamentos o auxilio médico y en temor constante. En muchas ocasiones fueron atacadas por el Ejército y las patrullas mientras estaban se desplazaban, persiguiéndolas para aterrorizarlas y exterminarlas. La gran mayorÃa de las vÃctimas eran de pertenencia indÃgena Maya.
Donaldo Ãlvarez Ruiz fue Ministro de Gobernación desde 1976 bajo las órdenes del General Laugerud y desde 1978 a las órdenes del general y presidente de la Republica Fernando Romeo Lucas Garcia. De conformidad con lo establecido en la Constitución PolÃtica de la Republica de 1965, como Ministro del Interior Ãlvarez Ruiz ejercÃa su mando y control efectivo sobre los miembros de las fuerzas de seguridad del Estado, en concreto de la PolicÃa Nacional.
El Coronel German Chupina Barahona, fue Director General de la Policia Nacional, entre 1978 y 1982, estando a su cargo los diferentes Cuerpos Policiales del Estado.
Pedro GarcÃa Arredondo, Jefe del Comando 6 entre 1978 a 1982, cuerpo de reacción rápida de la PolicÃa Nacional, creado por el Director de la PolicÃa para sus servicios como un cuerpo policial con la misma estructura y jerarquÃa que el Cuerpo de Detectives, que participaba en operativos combinados con otras fuerzas de seguridad del estado y del Ejercito,
Miembros de la PolicÃa Nacional bajo el mando y control efectivo de los aquà imputados fueron responsables de entre otros los siguientes hechos:
El dÃa 31 de enero de 1980, en horas de la mañana, junto con miembros del ejército y agentes de la policÃa nacional, rodeo la sede de la Embajada de España, ubicada en novena calle entre séptima y sexta avenida reforma de la zona nueve, Ciudad de Guatemala. Que previamente habÃa sido ocupada de forma no violenta y pacifica por un grupo de campesinos y estudiantes, cuando en la delegación se encontraba el personal de la misma y otros visitantes. Cortaron las comunicaciones penetraron al recinto diplomático por los jardines, balcones y en el techo donde efectuaron un boquete, hasta que todos las personas de la delegación se encontraron concentradas en un despacho, a excepción del señor Mario Aguirre Godoy que fue detenido. Cuando estaban las personas en el despacho rompieron la puerta y provocaron un incendio que dura aproximadamente 3 minutos, en el que perecieron por las quemaduras las personas que ahà estaban concentradas a excepción del sobreviviente Gregorio Yuja y del señor embajador Máximo Cajal y López quien consiguió saltar hasta la puerta y callo con las ropas incendiadas, saliendo de la delegación diplomática. Momento en que intentaron ejecutar al señor Máximo Cajal lo que fue impedido por la señora Odette Arzu, de la Cruz Roja guatemalteca. Durante todo este tiempo hicieron caso omiso a las peticiones de no ingreso y de retirada de la sede diplomática. Acordonaron el área circundante e impidieron la actuación de la Cruz Roja y de los Bomberos que se encontraban allà hasta que finalizo el incendio. Los dos sobrevivientes fueron llevados al Hospital Herrera Llerardi, donde en horas de la madrugada un grupo de policÃas de paisano entraron y secuestraron a Gregorio Yuja, quien apareció posteriormente asesinado con signos de tortura en la Universidad de San Carlos. En 2 de febrero de 1980, se realizo el sepelio de las victimas para el que montaron un nuevo dispositivo de seguridad y ejecutaron a dos estudiantes y secuestraron a otra estudiante cuyo cuerpo apareció tiempo después.
Como consecuencia de estas acciones murieron, las siguientes personas:
1. Adolfo Molina Orantes
2. Gavina Morán Chupe.
3. Edgar Rodolfo Negreros Straube.
4. Eduardo Cáceres Lenhoff.
5. Felipe Antonio GarcÃa Rac.
6. Francisco Chen Tecú.
7. Francisco Tun Castro.
8. Gaspar Vi Vi.
9. Jaime Ruiz del Arbol (ciudadano Español).
10. José Angel Xoná Gómez.
11. Juan José Yos González.
12. Juan Chic Hernández.
13. Juan López Yac.
14. Juan Tomás Lux.
15. Juan Us Chic.
16. Leopoldo Pineda.
17. Luis Antonio RamÃrez Paz.
18. Luis Felipe Sáenz MartÃnez (ciudadano Español).
19. MarÃa Cristina Melgar.
20. MarÃa Lucrecia Rivas de Anleu.
21. MarÃa Teresa Vázquez de Villa (ciudadana Española).
22. MarÃa Pinula Lux.
23. MarÃa RamÃrez Anay.
24. MarÃa Wilken de Barillas.
25. Mateo López de Calvo.
26. Mateo Sic Chen.
27. Mateo Sis.
28. Miriam Judith RodrÃguez Urrutia.
29. Nora Adela Mildred Mena Aceituno.
30. Regina Pol Cuy.
31. Reyno Chiq.
32. Salomón Tavico Zapeta.
33. Sonia Magaly Welchez Valdés.
34. Trinidad Gómez Hernández.
35. Vicente Menchú Pérez.
36. Victoriano Gómez ZacarÃas.
37- Gregorio Yuja.
38.- Gustavo Adolfo Hernandez Gonzales.
39.- Jesús Aleberto España Valle.
40.- Liliana Negreros.
Asesinato de Dª. ALAIDE FOPPA, perpetrado en Guatemala el 19.12.80.
Desaparición de D. RUBEN AMILCAR FARFÃN, diligente del movimiento estudiantil que fue detenido y desaparecido en la ciudad de Guatemala el 15.05.84, sin que hasta la fecha se haya tenido noticias de él.
Torturas de Dª. ENMA GUADALUPE MOLINA THEISSEN y desaparición de su hermano, el menor MARCO ANTONIO MOLINA THEISSEN Ocurridas en la ciudad de Quetzaltenango y en la ciudad de Guatemala los dÃas 16 de octubre y 27 de septiembre, respectivamente, de 1981.
Caso Dª. ADRIANA PORTILLO. Desaparición de menores, ocurrida el 11.09.81 en la ciudad de Guatemala
Asesinato del diligente polÃtico D. ALBERTO FUENTES MOHR, ocurrido en la ciudad de Guatemala el 25.01.79.
TERCERO.- General EfraÃn RÃos Montt. Del 23 de marzo al 8 de junio de 1982 ejerció como Presidente de la Junta Militar de Gobierno y Ministro de la Defensa: Según el Decreto Ley 24-82 de fecha 28 de abril de 1982 derogó la mencionada Constitución de la República de Guatemala, implantando, a partir de esa fecha, “Durante la vigencia de este Estatuto, las palabras “Constitución de la República” o “Constitución”, en las leyes vigentes se entenderán substituidas por “Estatuto Fundamental de Gobierno”, y las palabras “Presidente” y “Congreso de la República”, por las de “Junta Militar de Gobierno”, en la parte normativa de las indicas leyes. Que en la proclama del Ejército de Guatemala al Pueblo, de fecha veintitrés de marzo del año en curso, la Junta Militar de Gobierno asumió las funciones Ejecutivas y Legislativas del Estado, habiendo acordado asimismo, emitir el Estatuto de Gobierno para normar jurÃdicamente al paÃs, por lo que es procedente poner en vigencia y dar a conocer a la Nación, el referido instrumento legal. El Estatuto Fundamental de Gobierno, que en su CapÃtulo II, artÃculo 2 y 8, originalmente organizaba la estructura polÃtica del Estado guatemalteco sobre la base de una Junta Militar de Gobierno compuesta por un Presidente y dos Vocales, investidos con las prerrogativas del Poder Ejecutivo y Legislativo, quedó posteriormente modificado por el Decreto Ley 36-82, de 9 de junio de 1982, el cual confirió al General de Brigada José EfraÃn RÃos Montt las funciones ejecutivas y legislativas del Estado con el carácter de Presidente de la República y Comandante General del Ejército con las facultades, atribuciones y preeminencias que el Estatuto Fundamental de Gobierno conferÃa inicialmente a la Junta Militar de Gobierno. Del 8 de junio al 31 de agosto ejerció como Presidente de la República y Ministro de la Defensa: El Decreto Ley 36-82 aclaraba que la expresión “Junta Militar de Gobierno”, contenida en el Estatuto Fundamental de Gobierno, se entenderÃa sustituida por la de “Presidente de la República”", quedando de esta manera investido el General EfraÃn RÃos Montt de las facultades que correspondÃan al Poder Ejecutivo y Legislativo. Asimismo, dicho Decreto Ley establecÃa que era de competencia del Presidente de la República cumplir y hacer cumplir el Estatuto de Gobierno y demás leyes de la Nación, proveer la defensa del territorio nacional y la conservación del orden público. Del 1 de septiembre de 1982 al 8 de agosto de 1983 como Presidente de la República.
Tras su investidura, en marzo de 1982, los ataques a la población civil en Guatemala pasaron a ser crÃmenes de mayor intensidad y pasividad dirigidos casi en su totalidad contra la poblaron indÃgena maya.
En Abril de 1982 la Junta Militar de Gobierno suscribió la Instrucción No. 0002: el Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo que expone los objetivos nacionales en términos militares, administrativos, legales, sociales, económicos y polÃticos. Este Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo identificó las principales áreas de conflicto, entre ellos los Departamentos de El Quiché, Huehuetenango y Chimaltenango. La Junta Militar diseñó y ordenó la implementación de un plan de campaña militar llamado Victoria 82, utilizando nuevas definiciones estratégicas dentro del marco de la contrainsurgencia y los objetivos del Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo. El plan de campaña se basó en las conclusiones de la alta jerarquÃa del Ejército de 1981 y se inició oficialmente el 20 de Abril de 1982.
El comandante general y los altos mandos dieron las órdenes y autorizaciones respectivas a los comandantes subordinados bajo su mando dirigiendo estrategias y operaciones a seguir. La Junta Militar de Gobierno y el Alto Mando utilizaron unidades tradicionales militares, Fuerzas de Tarea y estructuras locales tales como Patrullas de Autodefensa Civil como cuerpos encargados de la ejecución de estas estrategias y operaciones.
El poder y el ejército eran inevitablemente expresión y defensa de lo ladino frente a lo indÃgena. Esa profunda diferenciación convirtió a los indÃgenas mayas en el enemigo y el sujeto de resistencia a combatir y destruir.
Tras ocupar su cargo como Ministro de la Defensa el imputado Oscar Humberto MejÃa VÃctores se integró al Alto Mando del Ejército. Conocedor y parte integrante de la polÃtica y del plan de campaña ejecutándose en ese momento, continuó dentro de esa polÃtica de actuación y plan de campaña, planificando, autorizando y emitiendo las ordenes pertinentes destinadas a la comisión de actos criminales contra la población civil en ejecución de tales ordenes. Dicha población civil estaba integrada por miembros del grupo étnico de ascendencia maya.
Casos acaecidos en el periodo en que tales imputados eran miembros del Alto Mando militar ejerciendo por ello mando y control efectivo sobre los miembros del ejercito responsables por estas acciones criminales:
Desaparición forzada de VÃctor Menchú Tum de nacionalidad guatemalteca, desaparecido aproximadamente el 8 de marzo de 1983.
Victoria de la Roca, religiosa guatemalteca, desaparecida el 6 de septiembre de 1982, cuando hombres armados entraron en el convento de Esquipulas, Departamento de Chiquimula, la golpearon, provocaron un incendio y se la llevaron.
Secuestro y desaparición forzada del sacerdote español, Andrés Ignacio Lanz Ardueta, el 11 de septiembre de 1982, en la Ciudad de Guatemala, en una vivienda de la Familia Samayoa Morales en la zona 11, donde llego un operativo mixto de policÃas y ejercito, que rodearon la vivienda y secuestraron a la totalidad de sus ocupantes, entre los que se encontraba el sacerdote Andrés Lanz.
El gobierno consideró áreas de conflicto aquellas partes del territorio donde operan los grupos guerrilleros y en donde el Gobierno, en consecuencia, ha considerado necesaria su acción por medio del Ejército regular de la República para, por una parte, combatir y exterminar a la guerrilla y, por otra, defender a los habitantes de dichas áreas, brindándoles protección y asistencia mediante la puesta en marcha de diferentes programas, entre ellos, particularmente los programas “Fusiles y Frijoles” y denominado de las “3 T”, Techo, Trabajo y Tortilla.
La CEH registró un total de 626 casos de masacres atribuibles al Ejército de Guatemala, fuerzas de seguridad, o estructuras paramilitares como las PAC y los comisionados militares, en todo el perÃodo del mandato, incluyendo cinco sobre población refugiada en territorio mexicano en 1982 y 1983. En estas acciones se cometieron el 69% de todas las ejecuciones arbitrarias documentadas por la CEH, asà como el 41% de las violaciones sexuales y el 45% de tortura. Claramente, las masacres fueron la expresión más concentrada de la fuerza represiva del Estado.
En el 63% de las masacres documentadas por la CEH, el Ejército actuó sólo, mientras en otro 27% se hizo acompañar en sus operaciones por miembros de las PAC o comisionados militares. Un 3% de las masacres fueron atribuibles a miembros de las PAC y un 1% a los comisionados militares, actuando éstos sin la presencia inmediata del Ejército.
El análisis de las violaciones de los derechos humanos registradas por la CEH, permite afirmar que entre 1981-1983 se verificó la etapa más violenta del conflicto. En este perÃodo ocurrieron el 81% de las violaciones. Solamente en 1982 se registra el 48% de todos los casos.
Bajo su mando y control llevaron a cabo las siguientes masacres:
El 16 de abril de 1982, en el CaserÃo La Plazuela una comunidad maya-kakquichel, Municipio de San MartÃn Jilotepeque, Departamento de Chimaltenango, llegó un grupo de 30 a 40 soldados, capturando a 6 personas que aún se encontraban en el lugar, obligando a quienes capturó a que les hicieran comida, y al finalizar el dÃa los acribillaron a tiros. Las familias de La Plazuela, se escondieron en las montañas durante mucho tiempo, hasta que no soportaron más las inclemencias del tiempo, la falta de comida y ropa, regresando a Choatalum, donde el Ejército los capturó, llevándolos al destacamento del mismo lugar, torturando y matando a muchos de ellos.
El 7 de julio de 1982, el Ejército de Guatemala llegó al CaserÃo Puente Alto una comunidad maya-kanjobal, Aldea El Quetzal, Municipio de Barillas, Departamento de Huehuetenango. Hombres, mujeres, niñas y niños les esperaban en la escuela, siguiendo las órdenes dadas por un oficial del Ejército el dÃa anterior separaron a los hombres de las mujeres y niños, violaron algunas mujeres, aproximadamente mataron 360 vÃctimas, entre adultos y niños.
El 14 de julio de 1982 el Ejército de Guatemala llegó al CaserÃo de Petanac una comunidad maya-chuj, Aldea Guaisná, Municipio de San Mateo Ixtatán, Departamento de Huehuetenango, rodeando la Aldea para impedir la salida de sus habitantes. Convocaron a la gente, separando a las mujeres, hombres y niños, asesinaron a 86 personas, 37 eran niñas y niños.
El 17 de julio de 1982 el Ejército de Guatemala llegó a la aldea de la Finca San Francisco una comunidad maya-chuj, Municipio de Nentón, Departamento de Huehuetenango, convocó a toda la población a una reunión en el centro de la aldea, dieron muerte aproximadamente a 350 personas.
El 17 de julio de 1982 el Ejército de Guatemala llegó a la comunidad de Plan de Sánchez una comunidad maya-achÃ, cerraron las entradas y salidas de la misma, concentraron a las personas en la entrada principal. Se dirigieron a las casas y sacaron a las personas que se encontraban en ellas. Luego procedieron a violar a las mujeres jóvenes entre ellas varias adolescentes entre 14 y 18 años. Terminada la masacre se retiraron de la comunidad el dÃa 19 de julio. Cuando los Comisionados Militares se enteraron de lo ocurrido, por órdenes emanadas del Destacamento Militar de Rabinal, ordenaron a los vecinos que enterraran los cadáveres, labor que hicieron con ayuda de los Comisionados Militares de otros lugares y Patrulleros Civiles. Aproximadamente fueron 368 las vÃctimas, entre ellos hombres, mujeres y niños.
El 29 de julio de 1982 el Ejército Nacional acompañado aproximadamente de 15 Patrulleros de Autodefensa Civil de la Aldea Pacoc y Comisionados Militares, entraron al CaserÃo Rancho Bejuco una comunidad maya-achÃ, Aldea Pacoc del Municipio de Santa Cruz El Chol, Departamento Baja Verapaz. Fueron 26 personas asesinadas en total, 18 de ellas eran niños. DÃas después, los militares quemaron casas en la aldea Xesiguán de Rabinal, Baja Verapaz, de donde eran originarias las vÃctimas y donde algunos de ellos tenÃan familiares.
El dÃa 15 de agosto de 1982 el Ejército de Guatemala, llegó a la Aldea de San Francisco Javier una comunidad maya-ixil, Municipio de Santa MarÃa Nebaj, Departamento de El Quiché. Los soldados pasaron de casa en casa, asesinando con arma de fuego y con machetes, quemando las viviendas y matando a todos los animales, algunas mujeres al parecer fueron violadas. Los soldados provenÃan de Huehuetenango, acompañados por Patrulleros de Autodefensa Civil de las Majadas. Las vÃctimas fueron 30 aproximadamente.
El 9 de septiembre de 1982 un grupo de aproximadamente 150 soldados, acompañados de Patrulleros de Autodefensa Civil llegó a la Aldea de Vibitz una comunidad maya-ixil, Municipio de Santa MarÃa Nebaj, Departamento de El Quiché. Ese dÃa asesinaron aproximadamente a 17 personas.
El dÃa 14 de septiembre de 1982 Patrulleros de Autodefensa Civil de la Aldea Xococ de Rabinal, Baja Verapaz, llegaron con el Ejército Nacional y Comisionados Militares al CaserÃo Agua FrÃa una comunidad maya-achà del Municipio de Chicamán, Departamento El Quiché, donde reunieron a toda la gente de los lugares de Agua FrÃa y Xococ, entre hombres, mujeres y niños asesinando aproximadamente a 92 personas.
El 22 de septiembre de 1982 en el CaserÃo Chipastor una comunidad maya-kakquichel, Municipio de San MartÃn Jilotepeque, Departamento de Chimaltenango, un grupo de Patrulleros de Autodefensa Civil reunió a la comunidad en el campo de fútbol, deteniendo a 5 hombres, a quienes se llevaron a inmediaciones del sitio arqueológico de Mixco Viejo, donde les dieron muerte con armas de fuego.
El dÃa 13 de octubre de 1982 se hicieron presentes en la aldea Santa Anita Las Canoas una comunidad maya-kakquichel, Municipio de San MartÃn Jilotepeque, Departamento de Chimaltenango, un número aproximado entre 100 y 150 soldados pertenecientes al Ejército de Guatemala, rodearon la aldea e inmediatamente procedieron a reunir a todos los hombres de la comunidad, separaron a los jóvenes, ancianos y adultos, a un grupo de aproximadamente 24 hombres fueron torturados durante la noche. Al dÃa siguiente, el 14 del mismo mes, los juntaron otra vez afuera de la Iglesia rodeados por los soldados, cuando sacaron a 6 hombres y los fusilaron frente a toda la comunidad, dejándolos en el mismo lugar y amenazando a la población para que no denunciaran el hecho. Después sacaron a otros 6 hombres, amarrándolos en los mismos postes que fueron también ejecutados a disparos.
Masacre ocurrida en el parcelamiento de las dos Erres, departamento de Peten, entre el 6 y 8 de diciembre de 1982. Donde un Grupo de elite Kaibil rodeo la comunidad y encerró a sus habitantes en una iglesia y una escuela, violo a mujeres y niñas, procediendo a matar a golpes y disparos a los habitantes durante dos dÃas arrogando sus cuerpos en un pozo y en medio del monte. Posteriormente se arraso la aldea y nunca mas volvió a ser habitada.
Asimismo, durante ese periodo, según la CEH se concretaron las siguientes masacres:
Lugar Fecha VÃctimas
1. Estrella Polar, Chajul 24-3-1982 96
2. Ilom, Chajul 23-3-1982 85
3. Covadonga, Chajul 3-1982 20-39
4. Chel, Chajul 3-1982 95
5. Amachel, Chajul 3-1982 9
6. Acul 4-82 20
6.La Laguna 11-1982 40
7. Xemal, Chajul 3-1982 11 -18
8. Cajixaj, Cotzal 4-1982 20
9. Los Encuentros 14/05/82 94
10. Plan de Sánchez 18/07/82 268
11. Agua FrÃa 13/09/82 97
12. Vegas de Santo Domingo 25/10/82 5
13. Vegas de Santo Domingo 11/11/82 10 a 21
14. Rabinal 14/11/82 40
15. Xococ 26/11/82 9
16. Chitucan 07/01/83 6
17. Xeabaj 02/03/83 8
18. San Antonio Sinaché
19. ArriquÃn 16/03/82
19/03/82 108-20
83-140
20. Piedras Blancas 25/04/82 80
21. Tunajá 05/05/82 12
22. Chuchucá 18/05/82 9
23. San Antonio Sinaché 18/05/82 45
24. Turbalá 18/05/82 9
25. Chichá 29/05/82 10
26. San Antonio Sinaché 30/05/82 39
27. Xicalcal 10/07/82 5
28. Pasojoc 28/1/83 12
29. Tunajá 18/02/83 7
30. Tunajá 25/03/83 5
31. Barillas 28/07/82 50
32. Puente Alto. 06/07/82 350
33. San Miguel Acatán. 12-17/07/82 30-40
34. Yolultac. 12-17/07/82 09
35. San Francisco. 12-17/07/82 350.
36. Xoxlac y Momonlac 22/06/82
22/07/82 80
37. Nucá y Cananá 22/06/82
22/07/82 14
Sin perjuicio de las masacres sistematizadas en el párrafo anterior, igualmente en ese periodo y a manos de miembros del ejército bajo su mando y control efectivo se produjeron los siguientes desplazamientos forzosos:
En cuanto al área de Nebaj, Quiché, debido a la violencia implementada en las aldeas, los vecinos de Vivitz y San Francisco Javier, estaban desplazados temporalmente en las montañas alrededor, bajando a sus aldeas sólo para conseguir comida. Sin embargo, después de la masacre del 15 de Agosto de 1982 en la aldea San Francisco Javier, los que pudieron abandonaron definitivamente sus aldeas. De igual manera, después de la masacre del 9 de Septiembre de 1982 los vecinos sobrevivientes de la aldea Vibitz huyeron a las montañas. En las dos aldeas, después de la masacre, el Ejército quemó las casas, robó animales y destruyó las cosechas. Las personas que lograron huir tuvieron que vivir en condiciones infrahumanas, no tenÃan comida, ropa, abrigo o medicinas. Entre hombres , mujeres, niños y ancianos, muchos murieron de hambre, frÃo y enfermedades. Fueron expuestos al clima sin poder protegerse. Permanecieron desplazados entre 4 y 8 años. Por el terror generado de estas y muchas otras masacres cometidos por el Ejército en esta región entre marzo y diciembre del año 1982, huyó la mayorÃa de la población civil de los municipios de Nebaj, Cotzal y Chajul, en el Departamento de El Quiché. Estas personas se encontraron expuestas a las mismas condiciones señaladas. El Ejército perseguÃa a la población que huÃa, en 1983, el total estimado de desplazados provenientes de Quiché era más de veinticuatro mil personas.
En cuanto al Departamento de Huehuetenango, los pocos sobrevivientes de la masacre de San Francisco el dÃa 17 de Julio de 1982 (aproximadamente 15 personas entre un gran numero de niños) huyeron, reuniéndose conforme avanzaban en el camino para México. No podÃan llevar nada consigo. Fueron expuestos a fuertes lluvias y frÃo, sin ropa o abrigo ni medicinas. El Ejército estaba rastreando el área; hubo bombardeos y disparos. La noticia de la masacre en San Francisco llegó a toda la región. El terror generado por esta masacre causó miles de personas desplazadas del norte de dicho Departamento los cuales se refugiaron en México. Después de la masacre en Petanac el dÃa 14 de Julio de 1982, huyeron los que habÃan sobrevivido hacÃa México. En el camino comÃan hierbas y elotes verdes. No podÃan hacer fuego para cocinar. Algunos murieron ya que no podÃan comer debido a los efectos fÃsicos sufridos. Sufrieron el frÃo y la lluvia. Se estima que en 1983 hubo casi veintitrés mil personas de Huehuetenango desplazadas o en refugio a causa de las masacres que cometieron el Ejército en el norte de dicho Departamento. De estos, se estima que cerca de nueve mil personas huyeron hacÃa México, entre julio y agosto de 1982, abandonando sus aldeas.
En el Departamento de Chimaltenango, después de la masacre del 15 de abril de 1982 en la aldea La Plazuela, el Ejército permaneció en la comunidad aproximadamente siete meses. En ese periodo mató y robó animales. Los vecinos sobrevivientes huyeron al monte pero por las condiciones a que fueron expuestos se entregaron al destacamento en Choatalún aproximadamente el 7 de octubre de 1982, donde se quedaron unos 15 dÃas junto con cientos de personas que habÃan huido de varias comunidades indÃgenas y que el Ejército habÃa concentrado en un campamento. En cuanto a la masacre en la aldea de Chipastor el 22 de Septiembre de 1982, los sobrevivientes tuvieron que abandonar la aldea. En la aldea de Santa Anita las Canoas, el dÃa 14 de octubre de 1982 el Ejército saqueó las casas de los vecinos, destruyendo tres de ellas, destruyó y quemó las cosechas, árboles frutales y milpa, dejando a los vecinos con poca cosa.
En el Departamento de Baja Verapaz, los sobrevivientes de la masacre en Plan de Sánchez se refugiaron en las montañas cercanas y en otros lugares incluyendo El Chol y
San Gabriel. Sufrieron de hambre, frÃo y enfermedades, especialmente los niños. La aldea de Agua FrÃa que fue arrasada después de la masacre, en la aldea Rancho Bejuco quemaron las casas, se llevaron los animales y destruyeron sus bienes. Los vecinos que sobrevivieron huyeron permaneciendo en condiciones inhumanas. Los vecinos de Rancho Bejuco que fueron a las montañas cercanas tuvieron que dividirse en grupos pequeños por miedo a ser encontrados por el Ejército y ser masacrados. No tenÃan comida y no podÃan cocinar. ComÃan masa de maÃz cruda y hierbas crudas. Algunos murieron de hambre. El Ejército y Patrullas de Autodefensa Civil les persiguieron, algunos fueron desaparecidos y otros fueron llevados a la colonia militar en Chichupac donde fueron abusados por soldados y muchas mujeres violadas. Algunos llegaron a la Costa Sur donde vivÃan bajo nylon por no tener casas. Debido a estas y otras masacres en la región, la población huyo a las montañas cercanas para salvar sus vidas. Sin embargo, los miembros de esta población huyeron en forma desordenada y aterrorizada. TenÃan miedo de bajar a las aldeas o poner fuego para cocinar y tal vez encontrar la misma suerte de sus familiares y vecinos masacrados. No tenÃan ropa y fueron expuestos al clima. Los primeros en morir fueron los niños y ancianos, por hambre y enfermedades. El Ejército y las Patrullas de Autodefensa civil perseguÃan a esta población desplazada atacándola, incluso bombardeándola desde helicópteros. Los que no se refugiaron en las montañas se desplazaron a la capital, a la Costa Sur y otros lugares.
En el perÃodo en que todos los hechos relatados mas arriba tuvieron lugar, el general EfraÃn RÃos Montt era presidente de la nación y Comandante General del ejercito de Guatemala. Durante ese mismo periodo, Humberto Mejia VÃctores ejercido como Ministro de defensa. Ambos imputados eran miembros del Alto Mando Militar de la nación. Como miembros del Alto Mando Militar, EfraÃn RÃos Montt, y Humberto Mejia VÃctores, tenÃan autoridad de jure (legal) y de facto (de hecho) sobre todos sus subordinados. Por su posición de mando, supieron o debÃan haber sabido que los actos criminales perpetrados y antes resumidos, por hombres bajo su mando se están llevando a cabo y sin embargo no hicieron nada para evitar que se cometieran o para prevenir su comisión. Dichos hechos criminales nunca fueran investigados bajo su mando ni los miembros del ejército directamente responsables de la comisión de los mismos castigados.
Del 8 de agosto de 1983 al 14 de enero de 1986 como producto de un golpe de estado, fungió como Presidente de la República el general Oscar Humberto Mejia VÃctores. De acuerdo al Decreto Ley 87-83. Asumiendo funciones ejecutivas y Legislativas del Estado, con el carácter de jefe de Estado y comandante general del ejército, ejerciendo simultáneamente el cargo de Ministro de la Defensa Nacional. En su calidad de Vice- Ministro de la Defensa Nacional las masacres contenidas en el Cuadro, son aplicables al General MejÃa VÃctores. Posteriormente como Presidente de la República autorizó el marco de lucha contrainsurgente, como polÃtica nacional (ámbitos polÃtico, económico, psicosocial y militar) las masacres:
Lugar Fecha VÃctimas
1. Xeuvicalvitz, Nebaj 29/5/84 25
2. Pacoc 10/4/84 7
FUNDAMENTOS DE DERECHO
ÚNICO.- Teniendo en cuenta el resultado de la comisión rogatoria a Guatemala, librada hace ya tiempo, y cuyo resultado ha sido inoperante, detectándose, como señala el Ministerio Fiscal, una clara, constante y voluntaria falta de cooperación con la autoridad judicial española en la investigación de los hechos denunciados, lo que ha impedido el fin lógico de esta comisión rogatoria, a saber, la declaración de imputados y testigos para garantÃa jurÃdica de los primeros y satisfacción de los legÃtimos intereses de los segundos. Efectivamente, en palabras del Ministerio Fiscal, con su actitud obstruccionista, han bloqueado de hecho (y en el fondo de derecho) no solo sus declaraciones, sino también la de los testigos que se habÃan propuesto; la cascada constante y continua de recursos, evitando el lógico actuar del órgano judicial (por cuanto cada resolución dictada era y es objeto de impugnación varia por parte de los imputados, y la resolución de la impugnación es a su vez recurrida) no solo ha impedido que conocieran la imputación, si no también que los testigos propuestos pudiesen contar al instructor su verdad sobre lo en realidad acontecido, logrando de esta manera ver satisfecho su legÃtimo interés de acceso a la justicia. Esta obstrucción constante y pertinaz, que lleva como corolario el ponerse a seguro de la acción de la justicia española, cuya jurisdicción no solo se ve reconocida por nuestro ordenamiento jurÃdico (asà la LOPJ en el artÃculo 23.4 y 23.5 y la sentencia que sobre este asunto ha dictado nuestro TRIBUNAL CONSTITUCIONAL -sentencia 237/2005, de 26 de septiembre de 2005 dictada en los recursos de amparo 1744-2003, 1755-2003 y 1773-2003 (acumulados)), si no también por el ordenamiento jurÃdico internacional (Convención contra la tortura, Convenio europeo de derechos humanos-art. 14-, Pacto internacional de derechos civiles y polÃticos-art.26-, Declaración universal de derechos humanos, Convenio para la reprensión del genocidio -art.6-, Estatuto de la Corte Penal Internacional -art.17-, Estatuto de Roma -art.11-, Convención contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes -art.1-; convenio europeo para la reprensión del terrorismo), que en modo alguno está dispuesto a permitir la violación de derechos, se produzca ésta al amparo de la soberanÃa nacional, como al rebufo de una actuación pretendidamente de orden internacional, si no también por el ordenamiento guatemalteco, que reconoció la jurisdicción española desde el punto y hora en que se permitió llevar a cabo la mencionada comisión, como no podÃa ser de otra manera, dado el hecho de que la República de Guatemala es firmante de los pactos internacionales de protección de derechos individuales y colectivos. No puede olvidarse en este punto que la concepción en la protección jurÃdica de los derechos humanos a nivel internacional ha pasado desde considerarlo como un hecho vinculado a la soberanÃa nacional y por tanto defendible solo en el estrecho marco de los Estados (estando por tanto al arbitrio del que en ese momento detente el poder) a entender que los mismos son un patrimonio inseparable del ser y la raza humana, base por tanto de la paz internacional y del entendimiento entre los pueblos (más allá de sus diferencias culturales y polÃticas) por cuanto los mismos devienen en el mÃnimo común denominador de la raza humana, de tal manera que su violación se convierte en delictiva independientemente del lugar de su comisión, convirtiéndose, por tanto, la Comunidad internacional (como conjunto de Estados) en su garante, no debiendo ésta permanecer impasible ante sucesos de esta naturaleza, y adoptando, en consecuencia, las oportunas decisiones tendentes a evitar la impunidad de los autores de los hechos delictivos, sin perjuicio de las actuaciones que, según las leyes y Tratados, correspondan a cada Estado en particular.
En el actual estado del procedimiento y vista la actitud obstruccionista de los imputados y considerando que concurren fundados indicios de la comisión de sendos delitos de genocidio, terrorismo, torturas, asesinato y detención ilegal de los que serÃan autores las personas imputadas, se hace necesario que el órgano judicial adopte una serie de medidas cautelares para evitar que los citados campen por sus respetos burlando la jurisdicción española, evitando su aquietamiento a la misma. Por ello, atendiendo a la gravedad de los hechos objeto de imputación, en las personas de JOSÉ EFRAÃN RÃOS MONTT, OSCAR HUMBERTO MEJÃA VÃCTORES, ÃNGEL ANIBAL GUEVARA RODRÃGUEZ (, GERMAN CHUPINA BARAHONA, PEDRO GARCÃA ARREDONDO, BENEDICTO LUCAS GARCÃA, DONALDO ÃLVAREZ RUIZ y FERNANDO ROMEO LUCAS y en aplicación de los arts. 503, 539 y concordantes de la LECrim, procede acordar la prisión provisional de los mismos. Los indicios racionales de criminalidad en su persona se sustentan en los Hechos de esta resolución con la razonabilidad de la imputación materializada en las distintas denuncias y querellas, y los informes formalizados por la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), Informe sobre la Recuperación de la Memoria Histórica ( REMHI), etc..La proporcionalidad de la prisión provisional deriva no sólo de la gravedad de los hechos, asà como de la pena a ellos aparejada, a cada uno de los delitos se le asigna una pena de hasta 20 años de prisión, asà como de la propia conducta por ellos manifestada. Indicar, de otro lado, cómo los citados delitos no se encuentran prescritos.
AsÃ, y como señala el Ministerio Fiscal, se hace necesario adoptar, además de la prisión provisional, las siguientes medidas de conformidad la artÃculo 764 de la LECrim. : decretar el embargo de todos los bienes de los que los mismos sean titulares, bien total como parcialmente, bien directamente como a través de testaferros o terceras personas, a los efectos de garantizar las responsabilidades pecuniarias y civiles correspondientes y bloqueo de las cuentas bancarias de las que los encausados sean titulares, bien total como parcialmente.
Vistos los preceptos citados y demás de general y pertinente aplicación,
DISPONGO:
Que en razón al expuesto previamente formulado, debÃa de acordar y acordaba la PRISIÓN PROVISIONAL COMUNICADA Y SIN FIANZA DE JOSÉ EFRAÃN RÃOS MONTT, OSCAR HUMBERTO MEJÃA VÃCTORES, ÃNGEL ANIBAL GUEVARA RODRÃGUEZ, GERMAN CHUPINA BARAHONA, PEDRO GARCÃA ARREDONDO, BENEDICTO LUCAS GARCÃA, DONALDO ÃLVAREZ RUIZ y FERNANDO ROMEO LUCAS a quienes se imputa la comisión de los delitos de genocidio, torturas, terrorismo, detenciones ilegales. a los efectos de su detención y extradición a nuestro paÃs, para lo cual deberán librarse las oportunas Ordenes nacionales e internacionales de busca y captura de los citados, para que sean aprehendidos y puestos a disposición de la autoridad judicial española a fin y efecto de responder de los delitos que se les imputan.
LÃbrese ORDEN EUROPEA DE DETENCIÓN Y ENTREGA, con efectos de ORDEN INTERNACIONAL DE DETENCIÓN.
Se decreta el embargo de todos los bienes de los que los mismos sean titulares, bien total como parcialmente, bien directamente como a través de testaferros o terceras personas, a los efectos de garantizar las responsabilidades pecuniarias y civiles correspondientes y bloqueo de las cuentas bancarias de las que los encausados sean titulares, bien total como parcialmente.
Para llevar a cabo las medidas citadas, expÃdanse las oportunas órdenes a los órganos correspondientes (INTERPOL, EUROPOL, etc., asà como a los organismos reguladores de las actividades económicas, tanto a nivel nacional como internacional) a fin de llevarlas a efecto de manera efectiva.
Contra esta resolución cabe interpones, en términos del art. 766 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, recurso de reforma y/o apelación, el primero en el plazo de tres dÃas, y el segundo en el de cinco, ninguno de ellos con carácter suspensivo.
Asà por este auto, lo acuerda, manda y firma don Santiago Pedraz Gómez, Magistrado del Juzgado Central de Instrucción nº 1 de la Audiencia Nacional; doy fe.
