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“El tribunal debe hacer un estudio del convenio de extradición, de la Constitución y de las convenciones internacionales sobre la materia, para establecer si una orden girada por un juez español tiene validez en Guatemala”, indicó Yolanda Pérez, presidenta del Colegio de Abogados. 

“This appeal is urgent because it threatens to directly undermine the amazing work done by the SITRAP union organisers over the last year in recruiting hundreds of new members in Costa Rica's banana and pineapple plantations that supply us in the UK (described by Gilberth bermudez in his address to Congress in June in Blackpool).”

A la Procuraduría de los Derechos Humanos
A los organismos internacionales que velan por los Derechos Humanos
A la opinión pública

El Concejo Municipal, organizaciones sociales y la sociedad civil en general del Municipio de Playa Grande, Ixcán, El Quiché, denunciamos la ocupación militar de la comunidad de retornados Ixtahuacán Chiquito, de este municipio, de las 11:00 de la mañana hasta las 15:00 horas, y expresamos nuestro rechazo a la manera sorpresiva y prepotente como se realizó este operativo militar, en el que participaron 7 helicópteros y tres aviones del ejército.

El día de hoy aproximadamente a las 11:00 de la mañana siete helicópteros militares aterrizaron en el centro de Ixtahuacán Chiquito y desembarcaron miembros del ejército fuertemente armados y con la cara pintada de negro.

Seguidamente ocuparon el campo de fútbol y rodearon la escuela, impidiendo la salida de los niños y niñas que se encontraban en clases. Miembros del ejército de manera violenta ingresaron a humildes viviendas, encañonando a las mujeres y se apoderaron de herramientas de trabajo. Acto seguido iniciaron con estas herramientas excavaciones en un centro arqueológico ubicado cerca del área de esta comunidad, supuestamente en busca de armas. Hasta las tres de la tarde aviones y helicópteros del ejército sobrevolaron las comunidades de Fronterizo 10 de Mayo, Los Ángeles y Cuarto Pueblo, colindantes con el estado de Chiapas, México.

Estos hechos provocaron gran alarma en las familias, quienes durante el conflicto armado interno fueron víctimas de la política de tierra arrasada. Mujeres y niños huyeron despavoridos de sus casas buscando refugio en las montañas, al recordar lo que habían vivido durante el conflicto armado interno. Hasta el momento se reportan tres jóvenes
desaparecidos. De la misma manera pobladores de la aldea Fronterizo 10 de Mayo huyeron a las montañas, y algunos cruzaron la frontera mexicana, abandonando sus pertenencias y animales.

Este operativo fue  similar al realizado el día 10 de agosto en la Finca Chailá, de este mismo municipio, donde, de acuerdo al informe que vecinos del lugar dieron a la autoridad municipal, helicópteros del ejército aterrizaron en el lugar, acto seguido soldados y personas  encapuchadas irrumpieron en las viviendas de los trabajadores de la finca.

Señalaron los afectados que sus casas fueron allanadas y saqueadas por miembros del ejército. Ante estos hechos los abajo firmantes expresamos nuestro rechazo a estos hechos violentos que atentan contra la tranquilidad de las familias y sus derechos civiles, poniendo en peligro la vida e integridad física de los habitantes de la comunidad especialmente de mujeres, ancianos, niños y niñas. No estamos en contra de la lucha contra el crimen organizado, pero sí rechazamos las acciones intimidatorios y violentas contra la población más vulnerable.

Hacemos un llamado a la Procuraduría de Derechos Humanos a que realice una investigación sobre estos hechos, y que mantenga la vigilancia sobre el respeto a los derechos humanos, velando porque el ejército no ejerza funciones que le corresponden al poder judicial y la policía nacional civil, tal como lo establece el Acuerdo sobre el Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática.

Marcos Ramírez, Alcalde Municipal
Pastoral Social del Ixcán
Asociación Centro de Apoyo en Justicia Penal y Resolución de Conflictos
Proyecto de Salud Mental Puente de Paz
Asociación de Mujeres Mamá Maquín
Servicios Jurídicos y Sociales (SERJUS)
Fundación Guillermo Toriello
Comité Europeo Formación y Agricultura (CEFA)
Asociación Integral de Productores Orgánicos de Ixcán (ASIPOI)
(Aderenco)

DESPLIEGUE MILITAR PROVOCA TERROR EN COMUNIDADES
 
Para CALDH, los operativos militares realizados en forma ilegal, con prepotencia y abuso de poder en las comunidades del Quiché, recuerdan los efectuados en esa región en los ochenta y que dejaron un saldo de 344 masacres comprobadas y denunciadas por la Comisión del Esclarecimiento Histórico. Nuevamente el terror y la incertidumbre se adueñaron de las comunidades, interrumpiendo la vida cotidiana de hombres y mujeres.
        
CALDH se solidariza con las comunidades de retornados de Ixtahuacán Chiquito y Fronterizo 10 de Mayo, Los Ángeles y Cuarto Pueblo y expresa su rechazo a la manera sorpresiva y prepotente como se realizó este operativo militar, en el que participaron 7 helicópteros, 3 aviones del ejército y cientos de efectivos que provocaron pánico y zozobra en niños, niñas, mujeres, hombres y ancianos. Los mismos hechos han acontecido en la finca Chailá, donde de acuerdo al testimonio que vecinos dieron a la autoridad municipal, helicópteros del ejército aterrizaron en el lugar seguido por el actuar de soldados y personas encapuchadas que irrumpieron y saquearon las viviendas.

Es sintomático que este tipo de operativos se realicen en la región de Ixcán, que fue una de las más golpeadas durante la guerra y donde millares de personas están pendientes de que se haga justicia por el Genocidio ocurrido en el país.

Las comunidades no tienen por qué sufrir las consecuencias de operativos militares que responden a la necesidad de este gobierno de presentar resultados positivos ante el gobierno de Estados Unidos en su supuesta lucha contra el crimen organizado y narcotráfico y que sólo consiguen intimidar y generar terror en una población que intenta sobrevivir diariamente a los altos índices de pobreza, desigualdad y exclusión.   
 
Ante estos hechos, CALDH EXIGE:
 
¢ Que el gobierno cese inmediatamente este tipo de operativos militares y que realice una investigación seria sobre las violaciones a los derechos humanos que se han cometido en los últimos días en contra de las comunidades.
¢ La depuración de las fuerzas de seguridad que siguen actuando al margen de la legalidad que dicta el Estado de Derecho en una sociedad democrática.
¢ Que no se siga poniendo de pretexto el combate al crimen organizado y al narcotráfico para pasar por sobre la dignidad de las personas que habitan las comunidades, que siguen sufriendo el abandono de las supuestas políticas sociales de los gobiernos y que sólo tienen de tiempo en tiempo la presencia de un Estado militarizado.

Lo amparamos porque la Corte Suprema de Justicia no envió completos los antecedentes que solicitamos, sólo fotocopia de dos resoluciones y, de acuerdo con lo que entiende este tribunal, para resolver se debe tener a la vista todo el expediente o un informe circunstanciado

Llamado a organizaciones de victimas y sobrevivientes por las reparaciones por graves violacioned a los derechos humanos, occurido durante el conflicto armado interno.

Las organizaciones de víctimas organizadas ETESC, COORVIPAZ , CODECA,
COVIP, exponemos:

1.    Que a finales del año 2005 fue intervenido el Programa Nacional de Resarcimiento, con lo cual se ha convertido en un programa presidencial de resarcimiento, responsable de las REPARACIONES a los graves daños sufridos por miles de guatemaltecos y guatemaltecas, por las acciones de agentes del Estado durante los 36 años del Conflicto
Armado Interno.

2.    Que derivado de esta intervención, los funcionarios encargados del proceso eliminaron la transparencia del programa, desarticularon la construcción de un registro de victimas efectivo, eficiente y pertinente, e iniciaron un proceso pragmático de emisión de cheques que ha derivado en la humillación de las victimas, incluso por el Presidente de la República.

3.    Que desde que se creó el programa en el presupuesto general de la nación aprobado por el Congreso de la Republica se han presupuestado fondos por 300 millones de quetzales anuales, los cuales  por tres años consecutivos no se han ejecutado.

4.    Que según estimaciones del PNR, estos 300 millones de quetzales deberían cubrir anualmente a doce mil victimas de distintas violaciones y muchas de estas victimas y sobrevivientes por edad o enfermedad han venido falleciendo sin ser reparados los agravios.

5.    Que en la lógica del botín político hay pretensiones dentro del sector gubernamental de crear un programa paralelo, en COPREDH, de búsqueda y resarcimiento en el tema de desaparición forzosa, financiado desde el Programa Nacional de Resarcimiento, lo que desnaturaliza el cumplimiento integral del proceso de reparaciones, el cual comprende este tipo de violaciones, duplicando esfuerzos y duplicando la burocracia estatal.

6.    Que desde hace varios años venimos organizando acciones para que el Estado cumpla con el DEBER DE REPARAR,  obligación derivada de las acciones que a través de las fuerzas de seguridad, policíacas y militares, o de grupos paramilitares y parapoliciales, causaron sufrimientos y pérdidas en vidas y pérdidas materiales cuantiosas en áreas urbanas y rurales, con especial énfasis en los pueblos mayas, donde según  los testimonios que prestamos a la CEH, se concluye que se cometieron actos de genocidio.

7.    Que somos consientes que el desgarramiento de la sociedad guatemalteca que fue uno de los objetivos de la contrainsurgencia, sigue causando estragos, lo que también se refleja en la falta de unidad de las organizaciones de víctimas y organizaciones de derechos
humanos.

8.    Que funcionarios y funcionarias del Gobierno de la República han aprovechado las diferencias dentro de las organizaciones de víctimas, para explotar a su favor el proceso y con ello limitar la organización social al estimular la competencia entre víctimas. Se
agrega a ello que en la actualidad en las oficinas del PNR se insta a las victimas y sobrevivientes a presentarse de manera individual y abiertamente descalificando el reclamo colectivo de reparaciones.

9.    Que se esta manifestando la intencionalidad de utilizar electoreramente el tema del resarcimiento, rompiendo con ello el espíritu de  interés nacional que debe privar en la búsqueda de la ansiada reconciliación nacional.

10.    Derivado de ello desde los responsables gubernamentales del proceso se hace evidente la intencionalidad de limitar el programa al pago de dinero, como una forma perversa de compra del silencio de las víctimas y disminuir la importancia del proceso integral que incluya dignidad  verdad y justicia.

11.    Que no obstante los problemas que aquejan a las organizaciones de víctimas y organizaciones de Derechos Humanos, el estancamiento del programa ha sido responsabilidad de las y los funcionarios que ha designado el Presidente de la República, y su retrazo y fracaso hacen recaer al Estado de Guatemala en responsabilidad internacional.

12.    Reafirmamos que es urgente e imprescindible fijar una agenda nacional por el cumplimiento de las reparaciones, consensuadas con organizaciones de víctimas, con el objetivo de garantizar el inicio de un genuino cumplimiento del resarcimiento por parte del Estado de Guatemala, basado en la aplicación de medidas integrales de reparaciones en lo individual y colectivo.

13.    Que desde las organizaciones de víctimas y sobrevivientes, asiste el derecho de constituir un proceso de fiscalización y de auditoria social sobre las prácticas del Estado orientadas al eficaz cumplimiento del deber de reparar.

14.    Que otros actores y organismos estatales como el Congreso de la República,  el Procurador de los Derechos Humanos, así como los Partidos Políticos representados en el parlamento,  están obligados moral y jurídicamente, a implementar acciones orientadas al pleno cumplimiento del deber de reparar del Estado de Guatemala  y garantizar la deselectoralización del resarcimiento.

15.    Que es imprescindible y obligatoria la observación y acompañamiento de la comunidad internacional, en especial la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para el fiel cumplimiento de los compromisos en la materia por parte de los funcionarios públicos.

16.    Que es urgente que todos los sectores genuinamente representativos del interés nacional y por tanto comprometido con la búsqueda de la reconciliación nacional, se solidaricen y sumen fuerzas con todas las organizaciones de victimas y sobrevivientes del CAI para el cumplimiento de esta parte esencial de los acuerdos de paz.

17.    Que estamos convencidos que la única garantía de lograr el cumplimiento por parte del Estado de la obligación de reparar, se encuentra en la estandarización de los programas de lucha por el resarcimiento de las organizaciones de víctimas apoyadas por  organizaciones humanitarias nacionales e internacionales.

18.    Que dentro de las recomendaciones de la CEH se resalta la necesidad de una genuina y representativa búsqueda y localización de niños y niñas desaparecidas durante el conflicto armado interno, y que la desnaturalización de esta recomendación y el retardo malicioso de ello deriva en que el dolor e incertidumbre de las familias se prolonga innecesariamente.

19.    Que existen evidencias suficientes para advertir a victimas y sobrevivientes y a los actores que de manera responsable asumen el proceso de reparaciones, que la integralidad del proceso esta siendo destruida, y que de aplicarse en esas condiciones, contrario a lo deseado, generara mas desgarramiento, dolor, conflictividad, y se perpetuara indefinidamente la desconfianza hacia el Estado de Guatemala.

POR TANTO: HACEMOS UN LLAMADO A TODAS LAS ORGANIZACIONES DE VICTIMAS Y SOBREVIVIENTES A QUE INICIEMOS UN PROCESO DE CONSTRUCCIÓN DE UNA AGENDA A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO ORIENTADA A GARANTIZAR UN PROCESO DE REPARACIONES INTEGRALES. A LAS ORGANIZACIONES HUMANITARIAS NACIONALES E INTERNACIONALES  QUE GENUINAMENTE BUSCAN ESTE OBJETIVO, A ACOMPAÑAR Y APOYAR A LAS FAMILIAS Y COMUNIDADES DE VICTIMAS Y  DE SOBREVIVIENTES  EN EL LOGRO DE ESTE OBJETIVO.

Asociación Equipo Técnico de Educación en Salud Comunitaria,
Huehuetenango.

Coalición de Organizaciones de Victimas de las Verapaces.

Comité de Desarrollo Campesino, Suchitepequez.

Coordinadora Departamental para el Resarcimiento de Victimas del
Conflicto Armado Interno y Desarrollo Intercultural de Petén.

Asociación para el Desarrollo Integral de las Victimas de la Violencia
en las Verapaces Maya Achí.

Coordinadora para la Justicia y Dignificación para las Victimas del
Enfrentamiento Armado Interno de Alta Verapaz

“Members of the Unidad de Protección de
Defensoras y Defensores de Derechos Humanos (UPDDH) and the Movimiento
Nacional de los Derechos Humanos (MNDH) have recently been intimidated
and have received death threats in what appears to be an effort to
dissuade them from their work. Both organisations are involved in the
defence of human rights and protection of human rights defenders.
Amnesty International is concerned for their safety.

On 15 May at approximately 8:45am, a telephone call was received by a
member of the MNDH. A male voice said “si siguen buscando los vamos a
matar” “if you continue looking we are going to kill you”. Three days
earlier on 12 May the same caller had said “no se metan en mierda”
“don’t get involved in shit”.

On 11 May, a female caller had asked for specific information regarding
who worked in the offices which MNDH and UPPDH share, their areas of
work, as well as what investigations and research they are currently
conducting. The caller was repeatedly asked her name and who she worked
for but refused to give any information. While no direct threat was
made, the tone and nature of the call was considered threatening by the
staff at MNDH and UPDDH.

The UPDDH is currently providing support to a series of cases involving
both individual human rights defenders and human rights organisations
in the capital and the regions of Petén, Zacapa, Escuintla and Jutiapa.
It is also involved in documenting cases of attacks against human
rights defenders and lobbying the Government of Guatemala to
investigate and bring to justice those responsible.

The UPDDH and MNDH are also active in briefing international governments and
organisations on the human rights situation in Guatemala. The MNDH is
active in the Frente Contra la Mineria, Front Against Mining and in
implementing the recommendations of the UN Comisión de Esclarecimiento
Historico, Commission for Historical Clarification which investigated
abuses committed during the internal armed conflict.

The MNDH in recent months has been aiding the Procuradoría de los
Derechos Humanos, Human Rights Ombudsman’s Office, in surveying,
collating and organising thousands of pages of documents, uncovered in
2005, of the former National Police (replaced by the National Civilian
Police in 1997). The documents are believed to contain information
regarding numerous instances of human rights violations committed by
members of the National Police during the internal armed conflict
(1960-96), including disappearances, kidnappings and torture.”

On January 21, 2006, Adilio Darinel Domingo Montejo told his family
he was going out with some friends and later phoned to say he would be
home the following day. His family never heard from him again, and five
days later identified his corpse at a local morgue. The 21-year-old's
body showed signs of torture and was brutally mutilated. One of his
limbs was found afterwards with his identification card nearby,
suggesting that those responsible wanted to make sure his body would be
identified.